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Se trata de un proceso penal que enfrentan siete campesinos del municipio de San Gil, que participaron del paro agrario de 2014 y quienes, en medio de una marcha el 1 de mayo de ese año, se enfrentaron con la fuerza pública.
“En ese momento, gente no sé de dónde salió y colocaron piedras y se salió les mate y empezamos los unos con los otros a al forcejeo a todo y a puño y todo”, contó Jesús Duarte uno de los labriegos.
Hoy en medio de una audiencia, la primera en territorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante los seis magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los siete campesinos aceptaron someterse a la JEP, donde el compromiso será el de contar la verdad plena y la no repetición.
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“La expectativa es salir de este proceso porque la verdad nos ha causado mucha tristeza, mucho de lo que ha pasado en este país lo que nosotros estamos buscando”, aseguró Duarte.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Pedro Díaz Romero, explicó que “la sala tiene que entrar a conocer y a definir la competencia directa sobre los hechos y esta competencia requiera hacer el análisis y los hechos de la protesta social eran de protesta social como se dieron”.
En la audiencia estuvieron presentes nueve de los 10 policías víctimas de las agresiones, que también manifestaron el ánimo conciliatorio y la intención de contar la verdad de lo ocurrido.
Ahora la sala tendrá que definir la competencia, una vez pase este proceso, se decretará la práctica de pruebas que incluye versiones libre de ambas partes.
Desde hace cuatro años los campesinos enfrentan un proceso por los delitos de agresion contra servidor público y obstrucción de vía pública.
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