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Las confrontaciones entre grupos armados ilegales en varias localidades del sur de Bolívar, generadas por mantener el control de las rutas del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos y demás economías ilegales presentes en el territorio tienen en alerta máxima a los diferentes estamentos de Colombia.
Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, que tiene como sede Barrancabermeja, Santander, expresó que son sumamente graves las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y pidió que se genere un corredor humanitario para sacar a la población que está en medio del conflicto.
“La población civil está confinada en sus caseríos, en sus veredas y en sus corregimientos por los enfrentamientos entre actores armados. Le estamos diciendo a los alcaldes, gobernadores y al Alto Comisionado para la Paz que se deben generar unas rutas humanitarias para lograr que la gente salga del escenario de guerra como tal y salvaguardar las vidas. Igualmente, que se acompañe el retorno de estas personas que puedan salir desplazadas por cuenta de los enfrentamientos”, explicó.
Recientemente se conoció que por lo menos 600 hombres del Ejército fueron desembarcados en Santa Rosa, una de las poblaciones junto a Montecristo, Arenal y Morales, que viven el recrudecimiento de la guerra entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control territorial.
El contingente incluye efectivos de las fuerzas especiales, el Gaula élite, la Fuerza Aérea, unidades de combate fluvial de la Armada y un batallón de acción integral. Este despliegue busca abordar la crítica situación que ha afectado la zona, donde se registran enfrentamientos armados.
El presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, pidió que se genere un compromiso real de paz y que los mandatarios hagan pronunciamientos puntuales frente al tema: “Los alcaldes hoy no se pronuncian frente a la realidad de derechos humanos y de crisis humanitaria que vive la región”, acotó.
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La Defensoría del Pueblo dio a conocer que un total de 1400 personas, el equivalente a 556 familias, tuvieron que desplazarse de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales y Montecristo hacia un sector conocido como ‘La Y de San Luquitas’, por cuenta del recrudecimiento de enfrentamientos.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacional a tomar las medidas que garanticen la protección de las comunidades.
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