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En medio del proceso penal contra Ecopetrol por el derrame de 550 barriles de crudo que emanaron del pozo Lisama 158 en el corregimiento La Lizama en Barrancabermeja, Santander, en hechos ocurridos en marzo de 2018, la entidad aceptó la responsabilidad por el desastre ambiental ocasionado.
La explosión registrada en el pozo, que fue sellado tras la emergencia, ocasionó un grave daño ambiental en la flora y fauna a lo largo de 27 kilómetros pasando por las quebradas Lizama y Caño Muerto y el río Sogamoso.
Es así como Ecopetrol se comprometió a sostenes un Plan de Recuperación Ambiental que contempla acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados.
Será un trabajo de tres años, confirmó la Fiscalía.
“Contempla limpieza, tratamiento y monitoreo de los cuerpos de agua; obras de protección y defensa de los ecosistemas; adecuación del área donde se registró el afloramiento de hidrocarburos; rehabilitación de la vegetación y las llanuras de las zonas ribereñas; creación de viveros con plantas nativas; reincorporación de fauna y capacitaciones a la comunidad”, explicó Deicy Jaramillo, directora especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.
Ecopetrol también indemnizará a 873 pescadores y comerciantes de pescado con $6.500 millones por la afectación ocasionada.
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“Pagará durante nueve meses un salario mínimo mensual vigente a 752 pescadores acreditados por la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (PISPESCA); y, en un periodo de tres meses, reconocerá un salario mínimo mensual vigente a 121 comerciantes de pescado agremiados en Asocorramb y Asocopropal”, confirmó la Fiscalía.
Oscar Sampayo, ambientalista de Barrancabermeja, expresó su conformidad con los compromisos de Ecopetrol pues considera que recompensa el daño por el derrame de crudo.
“Al aceptar, Ecopetrol demuestra que hay un grado de culpabilidad en esta emergencia, era lo mínimo que podía hacer porque las evidencias mostraron cómo se vieron afectadas las comunidades ribereñas y los pescadores”, expresó Sampayo.
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El plan de recuperación ambiental fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
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