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En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación rechazó el anuncio por parte de la guerrilla del ELN de un nuevo paro armado en Medio San Juan, departamento de Chocó, y le pidió al Gobierno proteger de manera urgente las comunidades que allí viven.
De acuerdo al texto, más de 25.000 familias están confinadas sin posibilidades de acceder a alimentación, salud y educación. Por eso, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida y los derechos de estas personas, y a que revise las implicaciones de estas acciones armadas, en las negociaciones que adelantan actualmente con esos grupos al margen de la ley.
“La población civil no puede seguir siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado ni como sociedad podemos itir ni permitir la ocurrencia de estos hechos”, aseguró el delegado Sarmiento Olarte.
Justamente, desde la Defensoría del Pueblo habían alertado de enfrentamientos entre el clan del Golfo y el ELN en la zona, lo que llevó a esa guerrilla a imponer el paro armado solo 13 días después de haber anunciado un cese el con el Gobierno.
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