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Tras la asamblea de accionistas llevada a cabo este martes, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció su decisión de reemplazar la junta directiva que había dejado instalada el anterior Gobierno de Iván Duque en la empresa Triple A de Barranquilla.
La nueva junta de la compañía de acueducto, alcantarillado y aseo quedó conformada por Carlos Enrique Campillo Parra, Nicolás Corso Salamanca, Diana María Bernal Falla, Cristóbal Padilla Tejera y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
Según la SAE, la elección busca "garantizar la naturaleza pública de la Triple A y proteger el patrimonio de los barranquilleros"; sin embargo, el alcalde Jaime Pumarejo rechazó el cambio de directivos y anunció acciones legales, al considerar que "la SAE se está apropiando de manera irregular" de esta empresa.
"Esa vulneración de nuestros derechos pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad económica de la empresa y, al mismo tiempo, le obliga al Distrito de Barranquilla y a sus entidades afiliadas a presentar las denuncias y las acciones legales para hacer preservar su patrimonio", dijo el mandatario.
La SAE, como se recordará, suspendió la cesión de acciones de la Triple A al Distrito de Barranquilla por serios cuestionamientos en el proceso de venta, lo cual ha venido suscitando polémica hace varias semanas, al punto que la Procuraduría había solicitado aplazar la asamblea de este martes hasta que se pudiera definir si hubo, o no, irregularidades en el contrato.
La Procuraduría se quejó, inclusive, de que aún no ha recibido la información que le pidió al director de la SAE y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para evaluar el contrato de compraventa.
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Sin embargo, lo que le ha pedido el presidente de la SAE, Daniel Rojas, a la Procuraduría es "mantenerse imparcial y no prejuzgar las acciones de la entidad".
"Asimismo, pese a los intereses y las presiones para ceder el control de la empresa, se mantiene firme en la decisión (de no ceder las acciones), hasta tanto no se pronuncien los entes de control sobre si materializa o no un presunto detrimento patrimonial en esta venta”, dejó claro la SAE.
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