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Desde Barranquilla la procuradora general Margarita Cabello dijo, frente a las ocupaciones ilegales de tierras, que reitera lo dicho por el Gobierno Nacional y que Colombia es un estado social de derecho en dónde la institucionalidad y la legalidad debe primar, por lo tanto, las autoridades tienen el deber y la obligación de evitar las invasiones de hecho o las que sean distintas al orden legal y constitucional.
Señaló que solo entre Barranquilla, municipios del Atlántico y Cartagena, ya han abierto 10 investigaciones por estas ocupaciones ilegales.
“Hemos abierto investigación a esos alcaldes, a secretarios de Gobierno, al registrador de instrumentos públicos, coordinadores jurídicos en instrumentos públicos, notarios e inspectores de Policía”, dijo Cabello.
Advierte que en estos momentos adelantan una labor preventiva, al tiempo que tratan de intervenir en los diálogos cuando se presentan problemas por la ocupación de tierra.
Entre tanto, en Curumaní, Cesar, el pasado 14 de agosto un grupo de campesinos y habitantes de la parte alta de la serranía de Perijá invadieron una finca ganadera, sin embargo, 24 horas después, autoridades lo desalojado.
Dado este panorama el alcalde de esta población, Henry Chacón, señaló que celebran la decisión del presidente Gustavo Petro, a quien le piden que tramite pronto un proyecto de ley ante el congreso para regular la distribución de terrenos.
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