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En medio de una visita de control de laSuperintendencia de Salud a las instalaciones de la ESE (Empresa Social del Estado) Universitaria del Atlántico UNA, la delegada Beatriz Gómez Consuegra anunció la apertura de una auditoría que irá hasta el 10 de febrero, en medio de una inspección por denuncias ciudadanas sobre presuntos malos manejos.
En detalle, la funcionaria explicó que han sido advertidos por presuntas malas prácticas istrativas, financieras y asistenciales que estarían afectando los servicios en las cinco sedes que tiene la ESE, distribuidas entre el hospital Cari Mental, el Hospital de Alta Complejidad, el Niño Jesús y los hospitales Sabanalarga y Soledad.
Se trataría puntualmente de acciones vinculadas con pérdidas acumuladas durante el año anterior, que afectarían el flujo de recursos para el pago, por ejemplo de sueldos, siendo que a los profesionales de salud les adeudan dos meses de salario. También buscan evidenciar si hay "malas prácticas en la celebración de contratos" y fallas en los servicios prestados.
“La visita que instalamos hoy y que se extenderá por 5 días, tiene como objetivo realizar una evaluación integral a través de un equipo auditor conformado por profesionales de alto nivel, expertos en este tipo de procedimientos, lo que permitirá realizar un diagnóstico para establecer la situación real de la institución”, indicó la funcionaria.
¿Desquite?
Ulahy Beltrán, quien actualmente es el Superintendente de Salud, hace exactamente dos años, el 6 de febrero de 2020, fue denunciado penalmente por la secretaría de Salud del Atlántico, Alma Solano, por contratar sin cumplimiento de requisitos legales, a partir de adjudicaciones realizadas en 2019, cuando fungía como gerente del Hospital Cari de Alta Complejidad.
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En ese momento, Solano decidió liquidar todos los hospitales de la red departamental para unirlos a la ESE UNA, la cual entró en operación en noviembre de 2021. Para ponerla en marcha se requería revertir la adjudicación ejecutada por Beltrán para poder hacer la fusión, dado que este había entregado la operación del hospital de Alta Complejidad a un tercero, para lo que emprendió varias acciones judiciales contra este.
En consecuencia, el actual Supersalud tiene dos procesos de responsabilidad fiscal en curso por 2.450 millones de pesos y enfrenta en paralelo la denuncia penal que Solano le interpuso.
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