Los concesionarios de Transmetro exigen una explicación sobre cómo terminaron embargados y de qué manera se recuperarán los $27.269 millones que giró el Gobierno nacional para la operación del sistema masivo de Barranquilla.
La gerencia de Transmetro reconoció que esta vez fue “más equitativa, proporcional y equilibrada” la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para el sostenimiento de los sistemas de transporte masivos del país, no obstante, los más de 27.000 millones girados a Barranquilla terminaron en una cuenta embargada.
Y es que en 2020, en medio de un largo litigio, Transmetro fue condenado a pagar una multimillonaria suma de dinero al Consorcio Grandes Proyectos que llevó a cabo la construcción del Portal de Soledad, deuda que mantiene bajo embargo a la cuenta bancaria del sistema.
Mientras tanto, los concesionarios Sistur, Metrocaribe y Recaudo Sit llevan más de una semana enviando comunicaciones a la gerencia de Transmetro, al Gobierno Nacional y a los entes de control para reclamar los dineros embargados, pues sostienen que estos recursos están destinados a la operación del sistema y no para pagar litigios o condenas.
"Dennos respuesta y, por favor, entreguen los recursos que el Gobierno Nacional les giró a los operadores y nosotros nos encargamos de sacar los vehículos a operar. Así de sencillo son las cosas", expresó Juan Carlos Calderón, gerente de Metrocaribe.
"Nosotros estamos operando en promedio a 70.000 pasajeros y hacemos un esfuerzo con recursos de los mismos socios de los operadores", añadió.
En un comunicado emitido la noche del martes, el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, manifestó que “si bien Transmetro afronta un litigio con el Consorcio Grandes Proyectos desde el año 2018 y con fallo adverso en 2020, adelanta acciones encaminadas a esclarecer la destinación específica de los recursos ante el Tribunal de conocimiento y el banco”.
Isaza también recordó que los concesionarios del Sistema reciben los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, que pagan los s del transporte público colectivo y que fue creado para contribuir al financiamiento de la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
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