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El contralor encargado de Cartagena, Miguel Martínez, alertó sobre la crisis financiera que atraviesa la Contraloría Distrital y que tiene en “veremos” el pago de los dos últimos meses de salarios a los trabajadores de esta entidad.
De acuerdo con Martínez, los gastos mensuales por concepto de nómina son de 370 millones de pesos, y en el presupuesto de 2022 se asignaron solo 3.700 millones, que corresponden exactamente a 10 meses de salarios, lo que deja en el aire los meses de noviembre y diciembre.
“Logramos evidenciar que hay una indebida y mala estructura presupuestal. Aquí, desde mayo, hay que presentar un anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y desde 2017 esto no se hace, que es lo que va al traste con todo este descalabro financiero que existe. Ahora tenemos que crear un rubro deficitario para con la vigencia del año entrante poder pagar la nómina que no cubrieron de este año”, explicó el contralor.
Para Martínez, además del déficit en la estructuración del presupuesto, hubo un evidente “desfase” en la contratación de Ordenes de Prestación de Servicios (OPS).
“En un informe de la auditoria general de 2017 a junio de este año se evidenció que, además del déficit estructural del presupuesto, hubo un déficit inducido para financiar en este caso el pago de órdenes prestación de servicios. No se trata de satanizar las OPS, sin embargo, lo que encontré este año cuando llegue fue que se celebraron por casi 600 millones de pesos 80 OPS, de las cuales yo entro en agosto y ya no había sino solo tres. Además del volumen que era exagerado para lo que se necesita en la entidad, existe una mala planeación porque se debía cubrir por lo menos toda la vigencia”, detalló.
Según el contralor encargado, este “descalabro” financiero está asociado a la inestabilidad istrativa de la entidad distrital que hace seis años no cuenta con un contralor en propiedad.
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“Hay que entrar en una total austeridad del gasto, de las inversiones que se van a hacer en el presupuesto del año entrante y hacer todo un cronograma de pago que no se va sanear en la vigencia del año entrante, por ejemplo, por la inestabilidad que ha sufrido laContraloríapor los conocidos cambios de funcionarios, tanto de contralores, como personal directivo. Le corresponde pagar a la entidad más de 250 millones de pesos en liquidación y no se cuenta con ese monto”, sostuvo.
Mientras tanto, el nuevo proceso de elección del contralor en propiedad se mantiene suspendido por una acción de tutela.
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