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El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con Blu Radio, dijo que el presidente Gustavo Petro, tras escuchar las propuestas del consorcio chino para el metro de Bogotá, insistirá en la realización de un tramo subterráneo de la obra.
En ese sentido, el ministro manifestó que tiene dos conceptos jurídicos que le permitirían, por un lado, hacer las modificaciones, y, del otro, que la Nación ponga el 100 % de los recursos faltantes para el metro subterráneo.
“El presidente, después de escuchar las alternativas que presentó el consorcio chino, insistió a partir de dos conceptos jurídicos que tenemos en el Gobierno, la posibilidad de modificar una parte del trazado. Vamos a compartir los dos conceptos jurídicos a la Alcaldía”, dijo.
En ese sentido, Reyes indicó que los dos conceptos jurídicos implican: no modificar el objeto del contrato y el tema financiero y técnico, pero sí cambios en el Plan de Desarrollo, que establece que estas obras se hacen 70 % la Nación y 30 % la Alcaldía.
“La alcaldesa había insistido que, si se pretendía modificar el contrato, ella no colocaría recursos como Distrito. Entonces, la Nación colocaría el 100 % de los recursos de esa adición, que incluye tres estaciones más, 3.9 kilómetros, de la 72 a la calle 100”, puntualizó.
El funcionario manifestó que no se trata de un capricho del presidente, pues desde cuando fue alcalde de Bogotá, Petro ha insistido que hay que evitar un “desastre urbanístico” con un metro elevado por la avenida Caracas.
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La Procuraduría General de la Naciónencendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar debido a las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro de Bogotá, en el que se pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.
El Ministerio Público le advirtió a la empresa Metro de Bogotá porque los riesgos se verían representados en mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, además del posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual.
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