Reclamando que se garanticen los derechos al buen nombre y la honra, Juan Carlos Gómez Ángel, en representación de Metroparques, interpuso una acción de tutela en contra de la vocera de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, exigiendo rectificación por sus denuncias relacionadas con la la existencia de un presunto cartel de la contratación.
Aunque el juez falló en primera instancia a favor del demandante y le dio un plazo de 48 horas a la vocera de la veeduría para que se retracte, Piedad Restrepo le confirmó a Blu Radio que impugnará la decisión en primera instancia, pues a pesar de que en el informe se pasaron las pruebas que sustentan las afirmaciones hechas, el juez no las habría tenido en cuenta y habría hecho consideraciones que son contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
"Por ejemplo, ordenó rectificación respecto de opiniones las cuales son diferenciales del derecho a la información, no siendo procedente dicha rectificación en el primer caso. Adicionalmente consideró que son los jueces los que determinan la existencia de un posible peculado; nosotros compartimos esa opinión y así se señaló en el evento, no obstante se tomó de manera aislada una afirmación en el evento donde expusimos la investigación, así que allí se desconoce que en el evento sí se indicó que era un presunto peculado" aseguró Piedad Restrepo, quien además indicó que las denuncias fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue.
Recordemos que el 20 de septiembre la veeduría ciudadana Todos por Medellín denunció ante la Fiscalía lo que denominó un cartel de la contratación en la capital antioqueña entre un grupo de servidores públicos y varias empresas, en el que Metroparques sería el receptor de altas sumas de dinero.
Según la denuncia, entre los años 2020 y 2023, Metroparques como empresa social del estado fue receptora de 268.000 millones de pesos provenientes de la Alcaldía de Medellín, el INDER y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De ese valor, $120.000 millones fueron entregados a 22 empresas, a través de procesos presuntamente direccionados y en los que, en algunos casos, se puede evidenciar la existencia de sobrecostos mediante diversas modalidades.
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