En un hecho inédito en el país, la veeduría 'Todos por Medellín' fue reconocida como víctima en proceso por presuntas irregularidades en el programa Buen Comienzo. La decisión de primera instancia fue apelada por la contraparte.
Durante la reanudación de la audiencia de acusación en el caso Buen Comienzo, el Juzgado 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín solicitó que fuera reconocida como víctima en el proceso judicial la veeduría ciudadana Todos por Medellín, entidad que ha liderado las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de servicios de alimentación para la atención de la primera infancia en la ciudad y que ha derivado ya en la imputación de cargos a tres personas, entre ellas la exsecretaria de Educación del Distrito, Alexandra Agudelo.
En la diligencia, la abogada Lucidia Amaya, en nombre del Juzgado, argumentó que Todos por Medellín está representando a los ciudadanos afectados por esas presuntas irregularidades sin tener necesariamente un interés económico, como también lo destacó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría.
"Nosotros como Veeduría no estamos solicitando una un reconocimiento como víctimas para tener algo económico o patrimonial, no. Nosotros aquí estamos velando es porque, efectivamente, se cumplan los derechos colectivos", explicó Restrepo.
De igual manera, Restrepo aseguró que en caso de ser considerada la veeduría como víctima, un hecho inédito en la historia del país, podrán tener un rol más activo en el aporte de pruebas y elementos que permitan a la justicia esclarecer lo sucedido.
"Estar en este proceso nos permite a nosotros como víctimas, pues allegar pruebas, nos permite hacer preguntas a través de la Fiscalía y eso, para nosotros es un paso gigante y muy importante en la lucha anticorrupción", indicó.
Durante la audiencia también se solicitó que dos madres beneficiarias del programa fueran consideradas bajo la misma condición de víctimas, pero esto se descartó ya que según defendió el despacho darles este carácter sería confirmar algún tipo de culpa de los procesados.
Tras esta decisión en primera instancia, la contraparte en el proceso solicitó apelación ya que la veeduría no podría actuar como denunciante y víctima y ahora será el Tribunal Superior de Medellín el encargado de definir esta diferencia para continuar con este procedimiento en el que también están vinculados la exsecretaria técnica del programa, Lina Gil y el representante de la empresa contratista involucrada, Henry Paulison Gómez.
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