Continúa la pelea de Transmetano y Promigas, del grupo Sarmiento Angulo, por el contrato que EPM le entregó a Canacol Energy. En una nueva queja ante la SIC, su apoderado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, exige que se apliquen medidas cautelares pues insiste que Canacol no tiene la capacidad para construir el gasoducto acordado.
Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio al ver que su demanda de diciembre por supuesta violación de la libre competencia no ha frenado aún el contrato firmado entre EPM y Canacol Energy en agosto de 2021.
El reclamo es hecho a nombre de Transmetano, una compañía del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, que participó en la licitación pública pero que al final no cumplió contas las condiciones que sí se concedieron a Canacol que ahora tiene encomendado construir un gasoducto desde Jobo a Medellín para que a partir del primero de diciembre de 2024 suministre 21 millones de pies cúbicos de gas natural diarios para abastecer al departamento de Antioquia.
Sin embargo, Transmetano alega que se adecuó la licitación pública para que se adjudicara el millonario contrario, entre 450 y 500 millones de dólares, a otra firma que -según la queja en la SIC- no tiene la capacidad para cumplir y vulnera la competencia en el mercado.
Y es que la molestia de la reclamante es que desde diciembre interpuso una demanda y pidió unas medidas cautelares que suspendan ese contrato, pero por ahora no se ha fallado y el proyecto avanza, como lo reportó Canacol Energy ante la Superintendencia Financiera. Indica allí que el gasoducto Jobo a Medellín agregará 100 millones de pies cúbicos por día y así esa compañía aumentará su capacidad a 300 millones de pies cúbicos diarios.
Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio analiza toda la información que recolectó de contratos, correos electrónicos y documentos en las inspecciones simultáneas que realizó a las sedes del edificio inteligente de EPM en Medellín y de Canacol Energy en Bogotá el 12 de abril pasado para determinar si hay elementos para una formulación de cargos por violación de la libre competencia.
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