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Se agota el tiempo y aumenta la incertidumbre para Hidroituango, aunque por ahora las obras no se van a frenar, pues el auto de la Contraloría General no queda en firme hasta que pase por el control de legalidad ante el Consejo de Estado.
Esto permite que los actuales contratistas sigan trabajando y tener posibles espacios para extensiones del contrato, pero el que ya se había anunciado por 11 meses, no se mantendrá.
Hasta que el fallo esté ejecutoriado, los contratistas tienen la obligación de seguir cumpliendo con el proyecto, ahora en ese periodo nos vamos a sentar con ellos para mirar qué alternativas hay disponibles
Una de esas alternativas es la de ceder los contratos, pero esta ya había sido conversada entre las firmas y EPM y no logró ningún consenso. También, sigue en pie la creación de una licitación para buscar nuevas empresas.
“Luego de este fallo entraremos en conversación con la Contraloría General de la República para que esos pagos lleguen a EPM lo más pronto posible y sean invertidos en la entidad y la gente”, aseveró Quintero.
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Posición que respalda EPM según lo informado a través de un comunicado de información relevante, en la que dice que también está revisando el fallo.
Entre tanto, ya algunos de los implicados han dicho que van a recurrir a herramientas judiciales como tutela, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando la protección del derecho al debido proceso.
Con estos mecanismos, pueden pedir que se anule la decisión y aunque es un proceso largo de al menos cinco años, terminando en el Consejo de Estado, con esa demanda los investigados también podría pedir la suspensión provisional del fallo de la Contraloría.
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Elecciones, autoritarismo e inestabilidad en Latinoamérica
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