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Previo a la reunión entre EPM y los contratistas de Hidroituango, que se adelantará este martes en el edificio inteligente para analizar el posible cese de contratos, se conoció otra arista que podría afectar las pretensiones de la entidad de servicios públicos.
Todo parte de que, según una de las cláusulas fijadas en la extensión del contrato (AMB 39) firmada a finales del año pasado para ampliar la vigencia hasta diciembre de 2021, decía que si alguna de las partes involucradas quería terminar antes el contrato, debía notificarlo antes del 1 de julio.
Para hacerlo, sería por un tema o motivo de fuerza mayor, que es precisamente el recurso usado por EPM: un posible fallo en segunda instancia por responsabilidad por parte de la Contraloría contra los contratistas actuales.
Sin embargo, esto no podría ser usado actualmente por la entidad antioqueña porque, desde el pasado 20 de octubre, los términos del fallo están suspendidos tras una recusación de María Eugenia Ramos, una de las imputadas.
BLU Radio consultó a EPM y desde allí reiteraron las comunicaciones emitidas durante el fin de semana en las que aseguraba que una cesión del contrato no afectaría las obras o finanzas de la empresa y que sobre los argumentos jurídicos solo se pronunciarán luego de la reunión.
Vea el documento completo aquí:
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