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Una “crisis humanitaria silenciosa”, así catalogó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, la situación que viven campesinos de 33 veredas del municipio de Cáceres, en Antioquia, por cuenta del confinamiento en el que están, debido a la presencia y enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Según Camargo Assis, son unas 972 familias las que están afrontando dificultades en ese municipio, por lo que lanzó una alerta y buscará ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para brindar asistencia humanitaria.
"Las comunidades viven en medio de todos los actores armados. Allí hay presencia del ELN, de las disidencias de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC - Clan del Golfo”, dijo Carmago, quien le insistió al ministro del Interior la realización de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en Cáceres.
Pero esta no es la única zona del departamento en el que los habitantes sufren por el accionar de de la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc. En Segovia continúan las labores de desminado en las veredas de las que fueron desplazadas unas 300 personas para que puedan regresar a sus territorios.
Ante estos hechos, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, insistió en su crítica a las negociaciones del Gobierno Nacional con los grupos armados, asegurando que no basta solamente con tener una voluntad de paz.
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A todo lo anterior se suma que Numar Alexis Uribe, un minero que trabaja en la mina Proyecto Matuna, en Segovia, fue asesinado por desconocidos y muy cerca del lugar donde dejaron el cuerpo se encontró una nota escrita a mano para los propietarios de la mina La Rubiela, obligándolos a comunicarse con el ELN y advirtiendo que es el último llamado y “si no lo hacen paran todos sus trabajos”.
Esta mina, ubicada también en Segovia, fue objeto del grupo guerrillero en días atrás cuando les dejaron banderas y pancartas intimidantes en sus terrenos.
Por esta razón, el gobernador de Antioquia insiste en que los ceses al fuego, como el que está comenzando, no han servido en el país.
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Sumando los habitantes afectados solamente en Cáceres y Segovia, son más de 1.000 personas las que padecen las consecuencias de las disputas entre grupos armados en la parte norte del departamento y que, además, afecta a muchos más pobladores de 3 subregiones: Bajo Cauca, Nordeste y Norte.
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