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Luego de que la semana anterior, en una apretada votación, el Concejo de Medellín decidiera aprobar los $1.14 billones en vigencias futuras a 2037 para la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados en el corregimiento de San Cristóbal, habitantes del territorio han manifestado su inconformidad con esta decisión.
Bajo la consigna “En San Cristóbal progreso sí, Cárcel Metropolitana no”, se ha creado una junta cívica en defensa del territorio que busca que la istración distrital replantee esta decisión bajo diferentes argumentos.
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El principal de ellos, según Antonio Bedoya, exhabitante de la zona y conocedor de la problemática, es que tras la construcción del primer centro penitenciario en el territorio en el 2010, El Pedregal, han sido recurrentes las dificultades de seguridad en la zona.
“La comunidad no quiere oponerse a la solución del problema carcelario de la ciudad, el hacinamiento es una situación sumamente grave, se opone a otro centro carcelario porque incrementaría la problemática de seguridad y convivencia. Antes que una cárcel el corregimiento requiere solucionar otras situaciones como la educación y las vías”, aseguró Bedoya.
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Adicionalmente a esto, el corregimiento es un importante activo ambiental de la ciudad como productor de agua, servicios ambientales y alimentos, y “no puede seguir siendo la zona residual”, destaca la nueva junta cívica en su primer comunicado.
Voces en este sentido ya las habían sentado en el Concejo de la ciudad algunos de los nueve corporados que votaron en contra de la aprobación de los recursos.
Uno de ellos fue Simón Pérez, quien evidenció sus dudas frente a la consulta previa con las comunidades.
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“Voté negativo este proyecto porque no vi la tranquilidad y la viabilidad técnica y financiera para que esto se hiciera posible a través de una APP. La comunidad de San Cristóbal rechazó en pleno que se hiciera una nueva cárcel en el corregimiento y no se justificó de manera adecuada por qué debía ser allí y no en otro lugar“, dijo el concejal.
Según dio a conocer el alcalde Daniel Quintero, el penal se construirá sobre un lote de 30 hectáreas con 4.000 metros cuadrados y bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), algo que también ha dado lugar para cuestionamientos por la posibilidad de actos de corrupción.
Para expresar su inconformidad con la iniciativa, algunos habitantes han preparado para este sábado 25 de marzo una caminata por el corregimiento con el fin de socializar la situación y a través de firmas impulsar un movimiento que impida que el proyecto se realice allí.
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