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Pese a que para este 10 de noviembre estaba citada una audiencia en la que la Fiscalía imputaría cargos al gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Rionegro, el proceso parece postergarse por decisión de la Fiscalía General de la Nación.
Y es que en las últimas horas se conoció que el ente acusador solicitó al Juzgado Primero Penal Municipal de Rionegro, donde cursa el proceso, retirar esa audiencia de imputación que ya no se llevará a cabo.
Aunque desde la Fiscalía no se ha entregado una razón para que se interpusiera esa solicitud, el abogado y docente Santiago Trespalacios, explicó a Blu Radio que tras Rendón ganar las elecciones desde el 1 enero tendrá un nuevo fuero y el proceso judicial quedará a cargo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Con la decisión de retirar la solicitud de imputación, según el experto, lo que se busca es evitar un desgaste istrativo, pues quien asuma el caso a partir de 2024 puede determinar asuntos diferentes.
"Resulta inadecuado realizar ya una imputación por parte de un fiscal ordinario a sabiendas de que a partir del primero de enero sí o sí el caso tendrá que pasar a una fiscalía delegada ante la Corte. Desde el punto de vista istrativo de la gestión del caso es una decisión adecuada", puntualizó Trespalacios.
El electo mandatario seccional está envuelto en una serie de cuestionamientos por la construcción de dos CAI de Policía en el municipio de Rionegro, oriente del departamento, cuando fue alcalde entre 2016 y 2019.
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Aunque actualmente estos lugares están siendo utilizados por mujeres policías, tardaron más de los debido en entrar en funcionamiento porque inicialmente no fueron incluidos por parte de la Policía Antioquia dentro de su inventario.
Aparte de que no estaba clara la necesidad de esas infraestructuras en los sectores en los que fueron propuestos, uno se habría levantado en un espacio que tenía destinación para un gimnasio al aire libre y el otro sobre un predio de carácter privado. Las señaladas irregularidades suman cerca de 1.270 millones de pesos.
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