Una nueva alerta temprana, esta vez la 034, emitió la Defensoría del Pueblo para municipios del Chocó, por la presencia y la confrontación que tienen del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
“El riesgo para las comunidades de esta zona está determinado por el control territorial que ejerce el Clan de Golfo en la mayoría de las comunidades étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur; mientras que el ELN se ha replegado, producto de las constantes incursiones y enfrentamientos sostenidos, en las cabeceras de los ríos Baudó, Purricha, Docampadó, Misará y Dubasa”, aseguró el defensor nacional Carlos Camargo.
En esa zona según la Defensoría del Pueblo se ha podido evidenciar el interés del grupo guerrillero, pese a la tregua navideña que anunció, retomar el control e influencia que ejercieron sobre todo en los municipios de Alto y Bajo Baudó.
“Este territorio resulta estratégico para los grupos armados ilegales dada la posibilidad de comunicar el norte del departamento del Valle del Cauca, por el cañón de Las Garrapatas, con la subregión chocoana del San Juan y el Océano Pacífico, lo que configura un importante corredor de movilidad, abastecimiento y explotación de actividades ilegales”, agregó el Defensor del Pueblo Camargo.
El interés que tienen estos grupos armados es tomar control del puerto fluvial más importante de esa región del país y desde donde se abastece de bienes y servicios a los municipios cercanos.
"Los factores de amenaza y las conductas vulneratorias advertidas para la población se ven traducidas en desplazamientos masivos e individuales y confinamientos. De la misma forma, hay un mayor riesgo para la población civil por la expansión del Clan del Golfo hacia comunidades étnicas situadas en la zona rural de los municipios del Alto Baudó y Bajo Baudó en procura de obtener el control territorial de zonas que eran del dominio del ELN”, puntualizó.
Además, advirtió de estigmatización y amenazas contra de familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa. De la misma forma, se advierten restricciones a la movilidad, lo cual implica limitación de las actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas.
A lo anterior se suman accidentes con minas antipersonal; extorsiones a contratistas de obras públicas, comerciantes, servidores públicos y transportadores; reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y homicidios; entre otros.
Los factores de vulnerabilidad de ese territorio están relacionados con la escasa presencia de las instituciones del Estado, la ausencia de vías terrestres que mantiene en aislamiento al 85% de las comunidades que componen a esta subregión, carencia o deficiencia de servicios públicos domiciliarios, la deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda, entre otros asociados a vulnerabilidades institucionales, vulnerabilidades territoriales y sociales.
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