Son exactamente 296 procesos de responsabilidad fiscal los que tiene en curso la Contraloría de Medellín a funcionarios actuales y retirados de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín.
La entidad afirmó que ya empezaron las indagaciones, supervisión de contratos estatales, entre otros, que oscilan por un valor aproximado de 375.000 millones de pesos y hallazgos por 37.000 millones de pesos.
Allí estarían involucrados todo tipo de funcionarios, desde secretarios, gerentes y algunos profesionales que apoyan el proceso de contratación. Entre las dependencias de gran impacto que tienen más procesos desde 2017, figuran EPM, Secretaría de Salud y Educación.
Pablo Andrés Garcés, contralor de Medellín, que tomó posesión en marzo pasado, explicó lo que más les inquieta en el tema de salud de la ciudad.
“Las EPS, por ejemplo, no pagan oportunamente, avances glosan las cuentas de cobro y los hospitales oficiales y privados no pueden acceder rápidamente al recaudo de esos dineros”, sostuvo Garcés.
Garcés explicó que las irregularidades que más se generan y que dan lugar a estos procesos son las debilidades en la contratación, supervisión y multas.
“Se generan en el ejercicio de la función istrativa de los servidores públicos de los servidores públicos de la rama ejecutiva, son los temas más recurrentes y que más comportan nuestro ejercicio al interior de la dependencia de responsabilidad fiscal”, puntualizó el contralor.
Además agregó que el 70% de los procesos son de la alcaldía anterior y el 25% de la actual istración. Aunque el plazo para que los procesos transciendan es de cinco años, algunos están ad portas de llegar a decisiones para imputación en las próximas semanas.
Sin embargo, el contralor dejó claro que el valor que se recupere será de el que se derive de los fallos en firme de responsabilidad fiscal y que luego generarán un proceso de jurisdicción coactiva, el cual se le exigirá el pago de sumas de dinero a favor del estado.
Por otro lado, les preocupa la falta de presencia de organismo de control fiscal en los barrios, comunas y en el Concejo municipal. Les inquieta la legitimidad de esas auditorías, por lo que están instalando directamente cada seguimiento y haciendo los cierres de las mismas para que de primera mano los sujetos y puntos de control tengan claridad de las observaciones y de los hallazgos, para generar un efecto disuasivo en la ciudadanía.
Al respecto, Andree Uribe, alcaldesa encargada de Medellín, explicó que continúan con todos los procesos y están dispuestos a brindar la información a los entes de control.
“Seguimos avanzando, seguimos con todas las auditorías que han sido intensas en esta istración en particular y estaremos con los entes de control en la medida que lo soliciten, con los planes de mejora si así es y todo el proceso que se tenga que llevar a cabo”, sostuvo Uribe.
El plan estratégico que diseñaron desde la Contraloría de Medellín para el control fiscal consiste en un plan de acción con los indicadores de planeación y con los requerimientos y observaciones que en meses pasados les dejó la Auditoría Nacional de la República, en la cual dispusieron de una serie de alertas y procedimientos para poder atender en primer lugar los procesos que están en peligro, adicional de eso están contratando más profesionales para reforzar el control en la ciudad.
Escuche más de los podcast de Blu Radio:
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.