Luego de que el pasado 12 de abril el exsecretario de Gobierno de Medellín y actual aspirante a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, solicitara a la Contraloría de Medellín la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los once concejales que se negaron en cuatro oportunidades a votar positivo la venta de acciones de EPM en UNE, el ente de control se ha pronunciado.
Por medio de una carta suscrita por el contralor auxiliar, Manuel Alejandro Moreno, la entidad anunció que entre el próximo 4 de julio y hasta el 15 de septiembre de este año llevará a cabo una actuación especial de fiscalización a EPM como sujeto de control con el fin “de determinar la connotación fiscal del hecho denunciado, la afectación al interés general, la moralidad istrativa y el patrimonio público”, puntualiza el documento.
Según Esteban Restrepo, producto de esas decisiones negativas reiteradas de los concejales la empresa de naturaleza pública habría pérdido por su participación en UNE cerca de $1.4 billones en los últimos tres años.
"Solo el año pasado perdió 500.000 millones lo que hizo que el presupuesto de Medellín para la inversión social fuera de mucha menos plata de la que se esperaba este año para la inversión social de ciudad", afirmó Restrepo.
Tras la reciente respuesta de la Contraloría, algunos de los concejales que han votado negativo al proyecto expresaron su tranquilidad frente a la postura asumida. Uno de ellos fue Sebastián López, del Centro Demorático, quien nuevamente aclaró que en su función no son sujetos de control fiscal, pues no manejan recursos públicos.
"Adicionalmente nuestro voto fue basado en argumentos técnicos y en confianza que no tenemos con la istración", dijo López.
También el concejal Simón Pérez recordó que antes que en detrimento, la decisión de votar en contra fue una medida de protección al patrimonio público, "sobre todo en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones", aclaró.
En el contexto de los debates sobre el tema en la corporación, los integrantes a su vez llegaron a manifestar una profunda desconfianza en la actual istración distrital para el manejo y destinación de los recursos producto de la venta de esa participación, estimados en cerca de $8 billones.
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