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El Consejo Nacional Electoral inhabilitó más de dos mil cédulas en el municipio de Copacabana para votar el próximo 29 de octubre, por riesgos de trashumancia.
A falta de escasos 20 días para las elecciones regionales las autoridades electorales en todo el país adelantan actividades de control para garantizar la mayor transparencia en la jornada que definirá a nuevos alcaldes, concejales, diputados y gobernadores.
En medio de estas tareas, el Consejo Nacional Electoral decidió inhabilitar más de dos mil documentos de identidad para votar en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.
Según la autoridad electoral, las cédulas identificadas incumplen con el criterio de residencia electoral, es decir, que su lugar de inscripción para votar, en este caso Copacabana, se encuentre en alguna de las bases de datos con las que se cruzó información.
Entre ellas están el registro del Sisben, para identificar la afiliación de los ciudadanos en el municipio; el registro del ADRES teniendo en cuenta tanto el régimen contributivo como el subsidiado; datos del DPS para corroborar información de los programas del sector de inclusión social y reconciliación; y el censo electoral con el propósito de determinar el último lugar de votación para tal tipo de comicios.
Según Yiya Gómez, vocera de la Misión de Observación Electoral en Antioquia, si bien en el país hay departamentos con casos que podrían considerarse de mayor gravedad en este sentido, destacó la labor que viene haciendo el CNE como una garantía para todos los candidatos de cara al 29 de octubre.
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“Yo lo que siento es que antes que la cancelación de las cédulas que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es una garantía electoral, de cancelarlas, permite tener garantías electorales porque posiblemente esas 2.000 cédulas estaban ahí inscritas por alguna razón particular que no tenía que ver con una decisión democrática”, destacó.
Sobre las decisiones, desde la MOE también destacaron la importancia de que a los ciudadanos afectados se les informe sobre las medidas con el fin que puedan realizar las apelaciones respectivas en caso que consideren que es un error.
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