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El comité de defensores del patrimonio público de Barranquilla consideró que “es una decisión lógica” la que tomó el ente de control, que radicó ante un juez la demanda de extinción de dominio de las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A.
Los defensores afirman que estos presuntos hechos de corrupción estarían atentando contra Barranquilla hace mucho tiempo y que las acciones embargadas deben ser retomadas por la istración Distrital.
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“Este 82 % de las acciones son las que se deben revertir a favor del Distrito y de los socios minoritarios. Nosotros consideramos que la concesión de Triple A no debe ir más y esta es una forma de liquidarla. Además, se deben llevar a cabo todas las investigaciones sobre los desfalcos que se han dado”, expresó Norman Alarcón, dirigente cívico.
Entre tanto, Hernando Acuña, socio minoritario de Triple A, recordó que la atención no solo se debe centrar en el embargo de las acciones de Inassa, sino también “en la investigación sobre los más de 40 mil millones de pesos que le sustrajeron a la Triple A y en el futuro que le espera a la compañía en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”.
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“La empresa va a seguir sufriendo, porque está en manos de la SAE, una entidad que no la va a respaldar financieramente y va a echar al traste los servicios públicos”, manifestó.
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