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Las madres de Soacha tuvieron varias opiniones en común: no creen en las versiones de los militares comparecientes, quieren escuchar Álvaro Uribe Vélez (presidente en la época) y a Juan Manuel Santos (ministro de Defensa de esa época) sobre sus políticas de gobierno que llevaron, según ellas, a las ejecuciones extrajudiciales de sus familiares; también aseguraron que necesitan protección.
Sobre las declaraciones de los expresidentes, el magistrado Óscar Parra enfatizó en que la jurisdicción no es competente para su juzgamiento, pero que la petición de las víctimas de escucharlos en versión libre sí deberá ser analizada en una etapa procesal más avanzada.
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“La Sala lo que debe hacer es evaluar ese tipo de solicitudes y la Sala de Reconocimiento tendrá que ir determinando los momentos procesales en los que corresponda ir absolviendo porque estamos en un primer bloque de unidades militares analizadas por este fenómeno. Tendremos que determinar qué hacer con otro tipo de solicitudes. Estamos en una fase inicial donde algunas preguntas pueden que se evalúen en estados procesales más avanzado”, dijo el magistrado Óscar Parra.
Por su parte, la magistrada Catalina Díaz dijo que evaluarán todas las amenazas que denunciaron las familias víctimas de los falsos positivos.
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“La JEP tiene un equipo encargado de valorar situaciones de riesgo y tiene un mecanismo rápido para proceder en los casos que se requieran”, aseguró.
También dijo que revisarán la preocupación que tienen las madres de Soacha por las millonarias deudas que tienen con los cementerios.
Añadió que después de contrastar las versiones de las víctimas, los comparecientes y los informes de las diferentes entidades del estado, elaborarán un documento final con su “determinación de hechos y de conductas” y al final llamarán a los comparecientes para que digan si reconocen esos hechos que ellos consideran y si aceptan decir la verdad.
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Finalmente, lo que sigue en el proceso es que la JEP evaluará si los comparecientes dijeron la verdad, si sí seguirán gozando de los beneficios de la justicia transicional y los que crean que no dicen la verdad podrían terminar condenados a 20 años de cárcel.
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