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Cerca de 900 hojas con entrevistas a familiares de las víctimas en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, así como expedientes de la justicia ordinaria, de la justicia penal militar y elementos probatorios recopilados durante un año, hacen parte del tercer informe que presentaron el Comité de Solidaridad con los presos políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
El documento da cuenta de 164 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridosentre 2003 y 2008 en el Caribe y que dejaron 300 víctimas en esta región.
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"Le pedimos a los magistrados de la JEP una medida cautelar consistente en que se ordene la suspensión del cargo del general Nicacio Martínez, actual comandante de las Fuerzas Militares, toda vez que él es uno de los denominadores comunes en muchos de estos asesinatos", afirmó el abogado y defensor de los derechos humanos José Humberto Torres, miembro del Comité de Solidaridad.
La JEP deberá dar traslado de estos informes a las personas involucradas para que ellas luego entreguen su versión sobre los hechos.
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La primera declaración sobre este informe está prevista para el próximo 18 de julio por parte del mayor Parga Rivas, quien fungió como comandante de las Fuerzas de Reacción Divisionaria, Fured, y quien estuvo presente en muchas de las ejecuciones extrajudiciales presentados en dicho documento.
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Según los defensores de los derechos humanos, entre 1997 y 2011 se reportaron 290 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 518 víctimas.
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