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Carles Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña (oeste) tras cuatro años huido de la justicia española.
"El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña, donde acudía como eurodiputado", anunció en Twitter su abogado, Gonzalo Boye, precisando que su detención se produjo en cumplimiento de una orden europea de detención del 14 de octubre de 2019.
Puigdemont, actualmente eurodiputado, está establecido en Bruselas desde 2017 y viajó a Alguer, Cerdeña, para un festival cultural, explicó el responsable de su oficina, Josep Lluis Alay.
"Cuando ha llegado al aeropuerto de Alguer, ha sido retenido por la policía fronteriza italiana", explicó Alay en las redes sociales.
"Mañana (viernes) el presidente será puesto a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sassari, que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición", añadió Alay.
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez, inmerso en un proceso de diálogo con el gobierno catalán, se limitó a comentar que a detención "obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos".
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En ese sentido, "manifiesta su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos".
En las redes sociales aparecieron llamamientos independentistas a manifestarse ante el consulado italiano en Barcelona, y otro líder independentista, Quim Torra, pidió a sus correligionarios "estar en alerta máxima porque la posible extradición del presidente Puigdemont sería catastrófica", en declaraciones a la televisión catalana TV3.
Puigdemont, de 58 años, llegó inesperadamente a la presidencia del gobierno regional catalán en 2016 desde la alcaldía de Girona, por la renuncia de Artur Mas, después de figurar en puestos lejanos a la cabeza en las listas de las elecciones regionales.
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A él le correspondió liderar un movimiento independentista en plena efervescencia que no estaba dispuesto en 2017 a conformarse con menos que la secesión.
Tras proclamarla, y suspenderla en espera de negociaciones, el gobierno español de Mariano Rajoy intervino la istración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa.
Sin inmunidad parlamentaria
Puigdemont se estableció en Bruselas, reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros de gobierno que acabaron siendo juzgados, como su vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez, como el resto de los encausados.
En tanto que eurodiputado, Puigdemont debería normalmente gozar de inmunidad, pero el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio que no era el caso, y mantuvo firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.
En la misma situación estaban otros dos eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí.
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El tribunal rechazó los argumentos presentados por considerar que no demostraron con "grado de probabilidad suficiente" los temores de persecución judicial o arresto.
La justicia española acusa a Puigdemont de sedición y malversación de fondos por el intento de independencia de Cataluña en 2017, y exige su extradición.
El tribunal señaló que "nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro [de la UE] puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", por lo que no está claro qué decidirá el tribunal italiano que el viernes lo escuchará.
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La detención de Puigdemont provocó un seísmo de reacciones en la política española.
"España dialoga siempre de la misma manera", lamentó en las redes sociales su sucesor, Quim Torra.
El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado pidió que se le juzgue en España y lanzó un mensaje al presidente del gobierno: "Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder".
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