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Aunque el Clan del Golfo es dueño de buena parte de la maquinaria dedicada a la explotación aurífera ilegal depredadora de los recursos naturales en los seis municipios que hacen parte de la región del Bajo Cauca, la influencia del ELN en esa actividad, particularmente en Cáceres y Zaragoza, es notable.
Precisamente, alias ‘El Gurre, cabecilla del frente Compañero Tomás de esa guerrilla, abatido esta mañana en operaciones de la Fuerza Pública, era uno de los principales patrocinadores de esa actividad que ha impactado a las comunidades ribereñas de los ríos Cauca y Nechí.
De acuerdo con los informes de inteligencia conocidos por BLU Radio y revelados esta semana a propósito de la compleja situación de orden público en esa zona del país, donde este año han sido cometidos 314 homicidios, el último de ellos el de un líder social en Tarazá, alias ‘Gurre’ manejaba una estructura con 23 hombres en armas y 38 integrantes de las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT).
Sobre la minería ilegal, el diagnóstico indica que son Zaragoza, El Bagre y Nechí los municipios con mayor concentración del fenómeno, alrededor del cual se gestan otras problemáticas como la prostitución, explotación laboral infantil y la extorsión, ello sin contar los perjuicios ambientales, que son calificados por el coronel Gabriel Marín, comandante del Ejército en esa jurisdicción, como un verdadero ecocidio.
La valoración hecha por las Fuerzas Militares da cuenta de que el kilo de oro se paga en el Bajo Cauca a un valor aproximado de 130 millones de pesos, y a diferencia de la cocaína, hay serias dificultades para su incautación porque no está penalizado el porte.
El metal dorado se mueve en alhajas o castellanos, que son fragmentos del tamaño de un teléfono celular. En el primer caso, el producto puede llegar a compraventas ubicadas en poblaciones como Caucasia, o eventualmente enviado hacia Bogotá en vuelos que salen desde el aeropuerto de El Bagre, también en esa zona del territorio nacional. La otra ruta es con destino a Cartagena y La Guajira para los mercados internacionales.
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Las retroexcavadoras y dragas (algunas convertidas en sitio de residencia temporal sobre los ríos) que no pertenecen a los grupos ilegales deben pagar cuota por operar, algunas son de socios de origen brasileño y en otros casos se investiga si hay máquinas que pertenezcan a funcionarios de las istraciones locales.
Los delitos habitualmente imputables son extracción ilícita de yacimiento minero e ilícito aprovechamiento de recursos naturales, ambos con penalidades leves que en medio de la presión ejercida por los actores armados, dificultan la labor de las autoridades.
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Sin embargo, allí en el Bajo Cauca, el Ejército, a través de la Operación Minerva, ha realizado 14 operaciones estructurales contra la minería ilegal, ha hecho efectivas 135 capturas y ha destruido 24 dragas, cada una avaluada en 2.500 millones de pesos.
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