Las autoridades investigan una situación irregular en un emblemático batallón militar ubicado en el sur de Bogotá, en el marco de las investigaciones que adelanta la justicia para encontrar los restos de personas presuntamente desaparecidas forzosamente por integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con la investigación adelantada por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina y el periodista Mateo Piñeros, los hechos ocurrieron el pasado tres de febrero en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el extremo suroriental de Bogotá, mismo sitio en el que anteriormente estaba ubicada la Brigada XX, el Batallón Charry Solano y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la Institución, que desde los años 80 estuvieron bajo la lupa de autoridades colombianas y estadounidenses por haber sido lugares en los que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos.
Ese día, una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense, llegaron a la Unidad Militar y se sorprendieron al evidenciar que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del Ejército, en el sitio exacto en el que de acuerdo con un exmilitar que es testigo en el caso, podrían haber sido sepultados los restos de la exintegrante del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida durante el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.
El origen de esta historia es una diligencia judicial en la que el sargento retirado del Ejército, José Leonairo Dorado Gaviria fue llevado por los investigadores de la JEP a la Escuela de Logística del Ejército para que identificara posibles lugares en los que pudieran estar sepultados los restos de personas desaparecidas por militares en los años 80 y 90, cuando él se desempeñó como agente de inteligencia y dice haber sido testigo de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.
Dorado identificó 15 sitios adentro del batallón en los que podrían encontrarse restos de personas víctimas de desaparición forzada, entre los cuales señaló específicamente un punto en el que según aseguró ante las autoridades judiciales, los militares habrían sepultado el cadáver de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19.
Con esa información, la comisión de la JEP programó las tareas de exhumación en los puntos señalados por el sargento Dorado, para los días 3,4,5,6 y 7 de febrero de este año, encontrándose durante la primera jornada, con el hueco cavado por integrantes del Ejército.
Esta situación, abiertamente irregular, llevó a que la magistrada de la JEP María del Pilar Valencia, denunciara los hechos ante la Fiscalía e inició un incidente de desacato el pasado 7 de febrero en contra del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, contra el director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo y contra el comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gélvez Peña.
El mismo día que ocurrieron los hechos, el ministerio de Defensa dispuso la intervención y presencia de integrantes de la Policía Militar Número 13 en la Escuela de logística para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de la JEP.
Hay otro detalle desconocido en el caso: el 4 de febrero, un día después del hallazgo de la excavación, el fiscal Carlos Arturo Mutis Florez, informó que cerca a uno de los sitios de interés, se presentaron del batallón de ingenieros del Ejército nacional, con un plan de trabajo sobre unas alcantarillas ubicadas en el sector, las cuales fueron impedidas, en virtud de las medidas cautelares.
Ese mismo día, el comandante de la Escuela de Logística del Ejército, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, envió un documento de tres páginas a la magistrada María del Pilar Valencia, explicando lo ocurrido:
Señala que el 30 de enero tuvo conocimiento de las diligencias que iba a adelantar la JEP en el Batallón y dispuso toda la colaboración para su trabajo.
Relata que en uno de los puntos de interés “fue hallado un hueco de aproximadamente un metro por un metro y medio de fondo”. Sobre esto la JEP reportó lo siguiente: “en el punto de interés forense numero 4 prestablecido previamente en la diligencia, se halló alterado con una excavación reciente de 1.30 x 93 en profundidad 1.40 y junto a esta se encontraban dos palas, una prenda camiseta manga larga color negro y con logo militar escuela galan y plástico en varios fragmentos y entre estos un sobre – alimento perecedero con sello de caducidad de 2012”.
El teniente coronel Melgarejo reportó que el mismo día de los hechos, el sargento Ronald Durán Páez le manifestó verbalmente que en calidad de comandante de la escuadra de mantenimiento, le ordenó a dos soldados regulares “que abrieran un hueco en el sector de Polígono 3, ubicado en la parte alta de las instalaciones de la Escuela de Logística, con el fin de desechar unos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad(algodón, gasa, jeringas y agujas, usados); desechos que a la fecha se encuentran en bolsa de plástico”.
Indicó el sargento Duran, que emitió la orden porque “no existe contrato con empresa alguna que realice la recolección de estos residuos como se establece en los protocolos de bioseguridad con material de riesgo biológico” y explica que no enterraron los desechos porque en la tarde se entera de que el director de la Escuela Logística ya había iniciado coordinaciones para la recolección de los residuos.
Agrega que una vez tomado el testimonio, inició una investigación disciplinaria contra el sargento Durán Páez, por la presunta vulneración a la orden judicial de la JEP en el sentido de no alterar el terreno bajo la medida cautelar.
Este hecho es particularmente delicado porque desde septiembre del año pasado, la JEP dictó medidas cautelares sobre toda la extensión de la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, lo cual en la práctica prohíbe que se adelanten acciones que puedan entorpecer las labores judiciales, como puede ser considerado el hecho de cavar huecos o alterar determinados espacios de esas instalaciones militares.
La declaración de Dorado puede ser considerada como posiblemente creíble, teniendo en cuenta que hace algunas semanas, en ese mismo sitio, en la Escuela de Logística, los forenses hallaron un fragmento de una costilla humana, que está siendo evaluada por Medicina Legal. Dorado también ha declarado ante la justicia en contra del general Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Ejército, quien fue condenado por los desaparecidos del palacio de Justicia.
Ha sido tan grave el caso que este martes, hubo una reunión entre el general en retiro en Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
A Ramelli lo acompañó el magistrado Pedro Elias Diaz y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, así como el Secretario Ejecutivo, Harvey Suárez.
En la reunión con el ministro de Defensa, también estuvo el magistrado auxiliar Fabián Martínez, la jefa de gabinete del ministerio Alexandra González y el director de Fondetec, Raúl Gutiérrez.
Ramelli le hizo caer en cuenta a Sánchez que la situación era grave y el ministro por su parte aseguró que los militares habían seguido los protocolos dispuestos para los procedimientos médicos y dijo que las fuerzas están dispuestas a colaborar en las investigaciones.
Blu Radio consultó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y dijo que por ser un proceso sometido a reserva, se abstuvo de hacer comentarios.
Escuche aquí el informe:
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.