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El presidente de la República, Iván Duque, objetó parcialmente, por inconveniencia, la ley sobre depuración normativa, que declara la pérdida de vigencia de 10.667 normativas obsoletas porque pondría en riesgo normas importantes con las cuales la Corte Suprema de Justicia adelanta procesos penales.
La Corte Suprema de Justicia señaló que le envió una carta al presidente advirtiendo que en ese paquete de normas que dejarán de regir por obsolescencia, se incluyó la Ley 600 del 2000, el Código de Procedimiento del antiguo sistema penal, que actualmente sigue vigente para los procesos de la Sala Penal del alto tribunal, que es la que investiga a los altos funcionarios con fuero y a los congresistas.
Cabe anotar que, por iniciativa del Ministerio de Justicia, se tramitó una reforma que eliminó 12.000 de estas leyes consideradas obsoletas.
La carta, según advierte la corte, sería afectación para los 848 expedientes que tramita en la actualidad la Sala Penal de alto tribunal: 237 en la Sala de Casación Penal en segundas instancias o recursos de revisión o casación, 520 en la Sala Especial de Instrucción, básicamente contra congresistas o excongresistas, y 91, en la Sala Especial de Primera Instancia.
La corte señala que “todos los procesos contra aforados constitucionales se tramitan por Ley 600. Y la ley que incluyó esta derogatoria entre otras normas, no previó ninguna norma, regulación o mecanismo de transición, porque, además, la Ley 600 contempla un sistema inquisitivo distinto al acusatorio de la Ley 906”.
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