Ordenan captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presunta corrupción en contratos

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en casa al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como presunto responsable de corrupción en la contratación en medio de un proceso que le llevan en el marco de la Ley 600 del 2000.“Las irregularidades las habría cometido el mandatario cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007. Incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa.Los investigadores encontraron varias irregularidades en un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005, por valor de $41.663’432.778.En primer lugar, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia, según la Fiscalía.El ente acusador dice que tienen pruebas de que el anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros.Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos.En segundo lugar, la investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de al municipio de El Bagre (Antioquia).En este último punto, dice la Fiscalía, se comprometió más de 16.000 millones de pesos por lo que debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.“Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, sentenció Barbosa.Finalmente, la decisión fue comunicada este viernes al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo.Camilo Mancera, de la MOE, habló en Mañanas BLU sobre la medida ordenada por la Fiscalía. "Es una falta temporal por una media de aseguramiento", dijo el especialista."Lo que se hace es poner un encargado mientras llega la terna", complementó. Escuche la información y el análisis en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: