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Meridiano BLU conoció el documento de la Corte Suprema de Justicia que sustenta la medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
La determinación, avalada de manera unánime por los cinco magistrados de la Sala de Instrucción, con una aclaración de voto de Francisco Javier Farfán, tiene 1.554 páginas en las que se hace referencia a todos los documentos, testimonios e interceptaciones telefónicas que se utilizaron para tomar esta determinación.
¿Por qué la Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Uribe?
La providencia señala que “todos los delitos que le son imputados al senador Álvaro Uribe atentan contra la recta y eficaz impartición de justicia, cuya naturaleza y modalidad son de insoslayable gravedad”.
Explica la Corte que los hechos por los que Uribe es cobijado con medida de aseguramiento ocurrieron tras el auto inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda, acompañado de la compulsa de copias al expresidente Uribe, el 16 de febrero de 2018.
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La Corte advierte que la gravedad de la conducta del expresidente Álvaro Uribe consiste en que buscó influenciar a múltiples testigos a partir de ofrecimientos de diferentes tipos, concretamente a Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés y que dicha actuación ilícita continuó incluso luego de haber iniciado la investigación en su contra.
Para la Corte Suprema, el hecho de que Uribe presuntamente hubiera persistido en los ofrecimientos a testigos para que modificaran sus versiones ante la justicia, podría reiterarse en el futuro, y ese es uno de los argumentos para dictarle medida de aseguramiento.
Según los magistrados, “el senador Álvaro Uribe Vélez asume probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases de gestión de la prueba, vale decir del proceso de formación y producción de la misma, esto es, su búsqueda, aseguramiento, ofrecimiento y práctica o incorporación, lo que pronostica la necesidad y urgencia de garantizar y asegurar la inalterabilidad de la prueba”.
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Hay una afirmación muy seria en la providencia, en donde advierten que las pruebas del caso están en peligro porque el expresidente Álvaro Uribe, integrantes de su UTL como Fabián Rojas, los testigos y los abogados intermediarios estaban siendo informados de que estaban interceptados.
Advierte la Corte Suprema que “por cuenta de este panorama se derivan motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”.
La Corte Suprema advirtió que es posible inferir que es probable que si el expresidente Álvaro Uribe permanecía en libertad podía persistir en influir en los testimonios pendientes en el proceso, “bien sea a través de sus delegados encubiertos o de los de su UTL a quienes les ha asignado ciertamente un rol protagónico en la gestión de búsqueda y aseguramiento de información y o de testigos en sus procesos penales al margen de las funciones institucionales de aquellos”.
Los magistrados advierten que la investigada María Claudia “Caya” Daza, Fabián Rojas Puerta y habla “respecto de Hernán Cadavid, quien aparece como el medio a través del cual se aportó una de las cartas de los potenciales testigos”.
Para la Corte, el hecho de que el expresidente Uribe haya utilizado a los de su unidad de trabajo legislativo en el Congreso para asuntos relacionados con los testigos y las cartas aportadas a la justicia es uno de los elementos que llevan a los magistrados a dictar medida de aseguramiento en su contra.
“Lo que se aprecia activamente es que comparten información, llevan a cabo la elaboración de escritos, documentos que son enviados para su revisión, entre otras actividades”.
El uso de los subordinados de su UTL para estas actividades ajenas a la actividad del Congreso, consolida la necesidad de la medida de aseguramiento, “en específico para evitar que se continúe o persista en ese proceder de reiterada connotación”.
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¿A quiénes pide investigar?
A Diego Cadena, por falso testimonio, fraude procesal y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio
A Juan José Salazar, por falso testimonio
A Enrique Pardo Hasche, por falso testimonio
A Vicky Jaramillo, por falso testimonio
A Eurídice Cortés, por falso testimonio
A Máximo Cuesta, Elmo Mármol y Giovanny Cadavid, por falso testimonio
Al exsenador Mario Uribe Escobar, por presunto soborno y fraude procesal.
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